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Puntos clave

  • Los grandes cambios en los sectores económicos mientras se desarrolla la transición energética tendrán consecuencias importantes para las carteras a largo plazo y requerirán un conocimiento de la propuesta de riesgo y rentabilidad dentro de las asignaciones con exposición a estos cambios.
  • El riesgo político relacionado con el coste de la vida afectará de forma desigual a la cadena de valor de la electricidad y a los inversores en esa cadena de valor.
  • Aunque la financiación de la transición energética, que probablemente agravará la crisis del coste de la vida, amenaza con reducir las rentabilidades de las partes de la cadena de valor de la electricidad que dependen de las subvenciones, nosotros creemos que los reguladores seguirán ofreciendo rentabilidades a las empresas de suministros públicos regulados.

La transición energética y la descarbonización continúan a buen ritmo, lo que conlleva cambios importantes en sectores como la energía, la electricidad y el transporte. Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), reducir a cero las emisiones netas de carbono en 2050 implicará una disminución de las emisiones del sector eléctrico a medida que se expandan la energía solar y eólica, y se cierren las centrales de carbón.1 Se espera que el suministro procedente de la energía solar y eólica aumente del 27 % al 60 %, mientras que el incremento de las renovables reducirá la intensidad de carbono de la generación de electricidad en un 60 %.2

Por consiguiente, la inversión en el sector eléctrico se triplicará, destinándose más de la mitad a las energías renovables y un tercio a actualizar las redes eléctricas. Además, el 65 % de todos los coches vendidos anualmente serán vehículos eléctricos. Por lo que respecta a la demanda de electricidad, dos vehículos eléctricos equivalen a añadir una casa a la red. Este crecimiento de los vehículos eléctricos supondrá un gasto considerable en postes, cables y transformadores en las calles de nuestras principales ciudades para soportar el aumento de corriente necesario para la carga.

Todos estos cambios tendrán consecuencias importantes para los inversores con carteras a largo plazo y requerirán un conocimiento de la propuesta de riesgo y rentabilidad dentro de las asignaciones con exposición a estos cambios. Bajo nuestro punto de vista, si nos fijamos en la rentabilidad ajustada al riesgo, los suministros públicos regulados son el mejor sector para obtener exposición a la transición energética.

Políticas públicas y financiación de la transición energética

Muchos cambios anteriormente descritos serán resultado de las políticas públicas, que pretenden desplazar la demanda energética de la economía del petróleo y el gas hacia la electricidad y alimentar después la red con tanta energía renovable como pueda soportar. Los gobiernos tienen grandes objetivos, como el de RePowerEU desde los aproximadamente 200 GW actuales a 750 GW de energía solar para el año 2030.3 Otras políticas importantes que afectarán a los inversores son la Ley de reducción de la inflación (IRA) de EE. UU., el Plan Industrial del Pacto Verde de la Unión Europea (UE) y el Powering Up Britain del Reino Unido (gráfico 1).

Gráfico 1: Aspectos destacados de las políticas públicas de transición energética por regiones

Datos del 31 de diciembre de 2023. Fuente: Casa Blanca, Comisión Europea, Parlamento del Reino Unido y ClearBridge Investments.

El enfoque de las políticas públicas consistirá en emplear algunos fondos de los contribuyentes para subvencionar tecnologías concretas con el fin de impulsar la inversión en energías renovables y agilizar los procesos de aprobación medioambiental y de emplazamientos para garantizar que los proyectos puedan ejecutarse con rapidez. Existen algunos enfoques para ello. El sector privado puede participar y pagar el coste inicial, pero ese capital necesitará una rentabilidad, y esto conllevará unas facturas de suministros públicos más elevadas en el futuro.

Las subvenciones de los gobiernos son otra opción, como en la IRA y el Pacto Verde de la UE, que pueden paliar los aumentos de las facturas de los suministros públicos. Otra posibilidad es que los gobiernos asuman ellos mismos la inversión en activo fijo. Es probable que los gobiernos de todo el mundo utilicen diversos enfoques (gráfico 2), adaptados a sus recursos, requisitos y limitaciones particulares.

Gráfico 2: Financiar la transición energética es complejo

Fuente: ClearBridge Investments.

Pero esto tiene sus consecuencias, ya que todo lo que gasta el gobierno, como las subvenciones o los costes de capital iniciales, debe financiarse. Los gobiernos pueden hacerlo mediante subidas de impuestos o elevando el déficit. Ninguna de las dos cosas está libre de repercusiones para los hogares. Unos impuestos más altos acaban reduciendo los ingresos de los hogares, mientras que unos déficits más elevados, probablemente financiados mediante el mercado de renta fija, donde una mayor emisión probablemente conduzca a unos rendimientos soberanos más elevados, provocarán un aumento de los costes de los préstamos hipotecarios y de los correspondientes préstamos al consumo. Los déficits también podrían financiarse a través de los bancos centrales, mediante alguna forma de expansión cuantitativa o de control de la curva de tipos, aunque recientemente eso ha provocado inflación y una crisis global del coste de la vida.

Aunque el apoyo a la política ecológica por parte de los sectores demográficos más jóvenes suele ser un buen indicio para la transición energética y la lucha contra el cambio climático, el coste de la vida sigue siendo un problema importante, que se agrava con el gasto público. El aumento del coste de la vida puede incluso empezar a disuadir a los electores más jóvenes de apoyar la financiación gubernamental de la transición energética en el futuro, ya que las presiones del coste de la vida les afectarán justo cuando estén formando hogares y teniendo hijos. Esto puede poner en peligro la financiación de las políticas o las subvenciones.

Sin embargo, es aquí donde los inversores con carteras a más largo plazo corren un mayor riesgo: al asumir que el entorno de inversión actual o inminente se mantendrá a largo plazo.

La cadena de valor de la electricidad y el riesgo político

La cadena de valor de la electricidad comprende desde los generadores (como los parques solares y eólicos o las turbinas de gas) hasta la transmisión (las torres que sostienen las líneas eléctricas), pasando por la distribución (las áreas de los suministros públicos) y el suministro minorista en el hogar o en el lugar de uso. Asimismo, los distintos tipos de inversores se concentran en segmentos diferentes (gráfico 3).

Gráfico 3: Cadena de valor de la electricidad

Fuente: ClearBridge Investments, Bloomberg Finance.

El riesgo político relacionado con el coste de la vida afectará de forma desigual a la cadena de valor de la electricidad y a los inversores en esa cadena de valor. Más de la mitad de todos los fondos captados en infraestructuras privadas en 2022 se clasificaron como «renovables», lo que significa que una cantidad considerable de capital privado o no cotizado en infraestructuras se está invirtiendo en el segmento de generación de esta cadena de valor de la electricidad. El segmento de la generación es también el receptor de la mayoría de las subvenciones para construir capacidad renovable, que creemos que corre un mayor riesgo de retroceso político conforme aumentan las presiones sobre el coste de la vida que resultan de la financiación de la transición energética.

Como ejemplo, el universo de inversión en electricidad de ClearBridge, por el contrario, está formado en su mayoría por empresas de suministros públicos regulados (85 %), que tienen activos en toda la cadena de valor (generación, transmisión y distribución), y algunos generadores no regulados que tienen acuerdos de compra de energía a largo plazo que respaldan sus ingresos (15 %).

Los suministros públicos regulados son una mejor propuesta de riesgo y rentabilidad a largo plazo que la generación

Mientras tanto, hará falta nuevo capital en toda la cadena de valor de la electricidad, con estimaciones de 2,5 billones de dólares anuales para 2030 (en dólares de 2019), según la AIE. Mientras que el segmento de la generación, predominantemente financiado por el sector privado, se enfrentará a un mayor riesgo de que se le retire la financiación a medida que la reacción política al aumento del coste de la vida amenace las subvenciones que actualmente respaldan su construcción, las rentabilidades de los inversores en entidades reguladas de toda la cadena de valor de la electricidad, o en infraestructuras que cotizan en bolsa en general, parecen mucho más seguras, ya que sus rentabilidades tienden a seguir los rendimientos de los fondos propios (ROE) permitidos por los reguladores a lo largo del tiempo (gráfico 4).

Esto se debe a la naturaleza de los activos regulados, cuyos ingresos están determinados normalmente por un ROE permitido por el regulador sobre una base de activos subyacentes, que a su vez está determinada por el nivel de inversión.

Gráfico 4: Rentabilidades permitidas reguladas, ROE declarados y rentabilidades de los inversores: Suministros públicos norteamericanos

Datos del 31 de diciembre de 2023. Fuente: ClearBridge Investments, Bloomberg Finance. La rentabilidad es nominal después de impuestos, derivada de la rentabilidad regulada permitida, comparada con las ROE notificadas por las empresas cotizadas y la rentabilidad total (ingresos y capital) recibida por los inversores. * ROE DuPont = Ingresos netos/activos tangibles x ratio de apalancamiento financiero, todos los parámetros notificados por Bloomberg.

Aunque la financiación de la transición energética, que probablemente agravará la crisis del coste de la vida, amenaza con reducir las rentabilidades de las partes de la cadena de valor de la electricidad que dependen de las subvenciones, nosotros creemos que los reguladores seguirán ofreciendo rentabilidades a las empresas de suministros públicos regulados. Esto aboga por la exposición a las infraestructuras cotizadas, lo que también garantiza la liquidez para ajustar el posicionamiento en un mercado que será más dinámico de lo que muchos esperan, y en el que los inversores también tendrán que ser conscientes de la posibilidad de que algunos activos queden abandonados.

Dado que los riesgos políticos son menores para las infraestructuras cotizadas, como las empresas de suministros públicos regulados, sobre una base ajustada al riesgo, creemos que estos activos son una forma preferible de exponerse a la creciente transición energética.



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